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12 May 2021 | Destacados Juridico

SOBRE EL RECURSO DE PROTECCIÓN

En fecha reciente, interpuse, en representación de tres clientes, dos recursos de protección en contra de la MACROFERIA MUNICIPAL DE TALCA, y de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA.
Por actos arbitrarios e ilegales que a mi juicio cometieron en contra de mis representados, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 21° y 24° de la Constitución Política de la República de Chile. El recurso de protección está consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, en los siguientes términos: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21° , 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes" El Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión ilegal o arbitraria que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 10 del Código Civil - o arbitrario - lo que significa que sea producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, conculcando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto. El artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos. De acuerdo con lo anterior la Corte Suprema ha señalado: "Para ser acogida (la acción de protección) requiere que se haya privado o amenazado al recurrente en el ejercicio de su derecho indubitado y al amparo de una garantía constitucional, circunstancia que se encuentra demostrada en este caso. Por otra parte, la infracción debe ser patente, manifiesta, grave y palmariamente antijurídica. En consecuencia, el objetivo propio y restringido de este recurso excepcional, es reaccionar contra una situación de facto, evidentemente anormal, que lesiona alguna garantía individual determinada. En síntesis, para que la acción de protección pueda prosperar, la jurisprudencia exige que se compruebe la existencia de la acción reprochada; Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esta acción; Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas, protegidas por esta vía; y que la respectiva Corte de Apelaciones esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.  Por su parte, el derecho de propiedad es regulado en el artículo 19 N° 24 inciso 1° de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas "el derecho de propiedad sobre todas clase de bienes corporales o incorporales". Esta norma consagra el derecho de propiedad privada, estableciendo la obligación del Estado de reconocerlo y protegerlo. Héctor Riesle señala, "el hombre, al seguir su inclinación natural de conducirse según el dictamen de la razón, al aplicarla a su propia naturaleza, deduce que la propiedad privada es necesaria para la mayor diligencia, orden y paz entre los hombres". Como ya se señaló, al asegurar la Constitución Política la propiedad sobre toda clase de bienes, sean estos corporales o incorporales, se amplía el concepto de propiedad establecido en el Derecho Privado. Cuando la Carta Fundamental asegura la propiedad en sus diversas especies, la protege en todos sus tipos, sea esta privada, mixta, urbana, rural, o se trate de algún estamento especial de propiedad, como la propiedad indígena.  El artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental dispone: "Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas: N°24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social".  Finalmente, el artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. "Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas: N°21. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”

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