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14 Jul 2021 | Destacados Juridico

LOS ABOGADOS COMO COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Los abogados somos colaboradores de la administración de justicia, nuestro título es entregado por la Excma. Corte Suprema, y por lo mismo nuestra labor profesional importa una verdadera función pública.

Tal como ha señalado la jurisprudencia constitucional, los abogados son colaboradores de la administración de justicia y ello se vincula a la circunstancia de que la Corte Suprema otorga el título. Que, además, no puede desatenderse el hecho de que el título de abogado es el único que no es otorgado por las propias universidades sino por la Corte Suprema, en atención a la calidad que aquellos ostentan de colaboradores de la administración de justicia, lo que le otorga una particularidad a esta profesión. En efecto, el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales indica que el título de abogado es otorgado “en audiencia pública por la Corte Suprema reunida en tribunal pleno”, previa comprobación y declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos en la ley. En la aludida audiencia, el postulante debe prestar juramento de “desempeñar leal y honradamente la profesión”, luego de lo cual el presidente del tribunal lo declarará “legalmente investido del título de abogado”, entregándose al efecto el diploma que acredita su calidad de tal, conforme a lo dispuesto en el artículo 522 del mismo Código Orgánico de Tribunales. (Rol 1254/2008; c.49). Por lo mismo, se trata de una profesión que importa en definitiva una verdadera función pública.

La profesión de abogado tiene determinadas particularidades, habida consideración de la función que se realiza a través de ella. Los abogados, tal como lo indica el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, son “personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes”. Si bien no son auxiliares de la administración de justicia, cooperan con el servicio judicial, desempeñando ante los tribunales de justicia relevantes funciones.

Que, en efecto, como lo ha consignado la doctrina procesal, se trata de personas que “desempeñan una función pública y deben colaborar al servicio judicial desempeñando sus funciones con altura de miras y sin olvidar nunca el interés general que están llamados a cautelar” (Fernando Alessandri R., Apuntes de Derecho Procesal, p.418). En otras palabras, el abogado es conceptuado como un “verdadero colaborador de la administración de justicia y, en este sentido, se le imponen deberes superiores a los meramente privados” (Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, p.194). Así, corresponde a una actividad profesional que se relaciona tanto con aspectos de interés particular como público, desde que colabora con la administración de justicia. Como lo afirmara Jaime Galté, “aunque la función de estos profesionales no implica ciertamente el ejercicio de un cargo público (…) colaboran con los magistrados en la investigación de las legítimas pretensiones de los ciudadanos” (Manual de Organización y Atribuciones de los Tribunales, p.383).

Que, como ha quedado explicitado, su carácter especial se constata en la circunstancia de que es la única profesión universitaria cuyo título no es otorgado por las mismas universidades sino que por la Corte Suprema de Justicia, según expresa el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, precisamente, porque son colaboradores de la administración de justicia. En todo caso, debe tenerse presente que los abogados no forman parte de la estructura del Poder Judicial, debiendo procurarse su manutención sólo con los honorarios que se devengan en su beneficio por la debida defensa que efectúen de sus clientes. Obviamente, todo abogado puede renunciar a cobrar sus honorarios a que tiene derecho, particularmente por razones de conciencia o convicción ética, como cuando Gandhi, defendiendo derechos fundamentales vinculados a la dignidad de su pueblo, afirmaba que “no se puede cobrar nada por cumplir una tarea de bien público”, negándose a “aceptar ningún salario por trabajos en beneficio de la comunidad”. (Autobiografía. Historia de mis experiencias con la verdad, Madrid, 2008, páginas 120 y 124) (Rol 1254/2008; c.80 a 82)

Del mismo modo, se ha recordado que el ejercicio de la profesión se encuentra también asociada al derecho a contar con una defensa letrada, como lo indica el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Que, en efecto, es del caso tener presente que el artículo 19, Nº 3º, de la Carta Fundamental asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, agregándose que “toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”. A su vez, el inciso tercero establece que “la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos”.

Que al encomendar a la ley el arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos, el constituyente tuvo en consideración el que una materia tan relevante no fuera alterada por vía administrativa u otro mecanismo similar (sesión Nº100 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, p.5). De este modo, “la norma en análisis pretende asegurar que, en el hecho, las personas que lo requieran, puedan siempre ejercer el derecho al asesoramiento y a la defensa jurídica, para lo cual el constituyente encarga al legislador el suministro de los medios necesarios para que quienes, por cualquier motivo, no pueden acceder a dicha asistencia, esta, no obstante, les sea otorgada” (Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XI, p.152). Ahora bien, debe tenerse presente que la asistencia jurídica gratuita, según su sentido natural y obvio, es “la que facilita el Estado a quienes carecen de recursos para litigar” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2001, Tomo I, p. 229);

Que, como puede apreciarse, así como se consagra el derecho a la asistencia jurídica, le corresponde al Estado -a través del legislador- establecer medios efectivos que permitan una adecuada defensa de aquellas personas que carezcan de bienes suficientes para litigar. En tal sentido, la Ley Nº19.718, de 10 de marzo de 2001, estableció en materia criminal la Defensoría Penal Pública, de modo tal que esta defensa se efectúa a través de una institución estatal, por sí misma o vía licitación a privados, a quienes, obviamente, se remunera por sus servicios profesionales en conformidad a las bases respectivas. Por su lado, décadas antes, en el ámbito civil -bajo la estructura de la Corporación de Asistencia Judicial- la legislación estableció una práctica profesional, en virtud de la cual se obliga a todo egresado de Derecho a atender gratuitamente a aquellas personas que sean beneficiarias del denominado privilegio de pobreza. 

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